Control de inversiones

El Tratado de funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) prohíbe en su artículo 63 las restricciones a los movimientos de capitales entre Estados miembros y entre Estados miembros y terceros países. Por su parte, el artículo 65.1.b) del Tratado permite a los Estados Miembros tomar medidas justificadas por razones de seguridad, orden y salud pública.

Ello se ha visto reflejado en el Reglamento UE 2019/452 del Parlamento Europeo y del Consejo para el control de las inversiones directas en la Unión, que establece una mayor claridad en los sectores y operaciones a ser controlados en caso de inversiones extranjeras de fuera de la UE. También establece un sistema de cooperación entre Estados Miembros en el ámbito del control de las inversiones provenientes de fuera de la UE.

En el caso de la legislación española, la base del control de las inversiones extranjeras está contenida en la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales (recientemente modificada) y en el Real Decreto 664/1999, de 23 de abril, sobre inversiones exteriores.

La Ley establece un régimen liberal de movimientos de capital en España con escasas excepciones a ciertas inversiones exteriores que están sujetas a control. Resumidamente, éstas son:

  • Aquellas inversiones por su naturaleza, forma o condiciones de realización, afecten o puedan afectar a actividades relacionadas, aunque sólo sea de modo ocasional, con el ejercicio de poder público, o a actividades que afecten o puedan afectar al orden público, seguridad y salud públicas.
  • Aquellas inversiones exteriores provenientes de fuera de la UE o la EFTA si:
    • se invierte en una serie de sectores: infraestructuras y tecnologías críticas, sectores de doble uso, suministro de insumos fundamentales, sectores con acceso a información sensible y medios de comunicación.
    • el inversor está controlado por un gobierno extranjero.
  • Aquellas inversiones extranjeras en actividades directamente relacionadas con la Defensa Nacional, tales como las que se destinen a la producción o comercio de armas, municiones, explosivos y material de guerra.
  • Aquellas inversiones en actividades relacionadas con armas y municiones de uso civil.

Los Reales Decretos-Ley 8/2020, de 17 de marzo y 11/2020 introdujeron el artículo 7 bis de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior. Se suspende el régimen de liberalización para las inversiones extranjeras realizadas por residentes de fuera de la UE y de la AELC, que deberán ser sometidas a un procedimiento de autorización, siempre que se cumpla con lo establecido en el apartado 1 (definición de inversión extranjera) y:

  • Tenga lugar en alguno de los sectores definidos en el apartado 2 (infraestructuras críticas, tecnologías críticas y productos de doble uso, sectores con acceso a información sensible, insumos fundamentales o medios de comunicación) y pueda potencialmente afectar a la seguridad, el orden o la salud pública y/o
  • El inversor cumpla con una serie de características definidas en el apartado 3 (si es de naturaleza pública, entre otras).

El  RDL 34/2020  modificó nuevamente el artículo 7 bis. y recoge en su Disposición Final Cuarta algunas mejoras al texto anterior, como una mejor definición de los sectores establecidos en el apartado 2 y mayor concreción en la redacción de las características del inversor recogidas en el apartado 3. 

Adicionalmente, en su Disposición Transitoria Única, introduce un régimen transitorio hasta el el 30 de junio de 2021, para determinadas inversiones extranjeras directas realizadas por residentes de UE y de la AELC, siempre que concurran los siguientes supuestos:

  • Se cumpla con la definición de inversor extranjero del apartado 1 y únicamente si la inversión extranjera directa se produce en empresas cotizadas en España, o en empresas no cotizadas si el valor de la inversión supera los 500 millones de euros
  • Se realice en los sectores citados en el apartado 2 y pueda potencialmente afectar a la seguridad, orden o salud públicos. 

En caso de que se pretenda realizar cualquier operación de inversión extranjera en España que entre en los supuestos del art.7 o del art.7 bis de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior, o del RDL 34/2020, se deberá remitir el Formulario para el procedimiento de escrutinio de Inversiones Extranjeras [DOCX] [60 Kb] a nuestro buzón.

La realización de inversiones extranjeras en España sin solicitar autorización cuando sea preceptiva, o con carácter previo a su concesión o con incumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización será considerada una infracción muy grave.

Para cualquier consulta en este ámbito, pueden dirigirse al buzón

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