España, junto con otros sesenta y seis países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), apoya la conclusión de las negociaciones plurilaterales de la Iniciativa Conjunta de Reglamentación Nacional de los Servicios para reducir trámites en el comercio global de servicios. A través de este acuerdo se estima ahorrar costes por valor de 150.000 millones de dólares anuales.

El acuerdo simplificará los trámites y facilitará el comercio de servicios aumentando la transparencia, la predictibilidad y la eficiencia en los procesos de concesión de licencias y autorizaciones para las empresas exportadoras e importadoras en los sectores de transporte, seguros, servicios financieros y telecomunicaciones.

Las pequeñas y medianas empresas exportadoras de servicios serán las más beneficiadas al tener menos recursos para hacer frente a procesos y requisitos regulatorios de los países a los que exportan.

Por primera vez en la historia de la OMC, los países se comprometen a asegurar que ninguna medida de autorización discrimina entre hombres y mujeres. Esto sin duda será un factor positivo que empujará a una mayor participación de las mujeres en el comercio internacional de servicios

Esta mayor eficiencia en la provisión de servicios tendrá repercusiones no sólo en el comercio internacional de servicios, incentivando las exportaciones de servicios en sus cuatro modos de suministro, sino que beneficiará también al resto de las economías vía ganancias de competitividad y mejor eficiencia en la asignación de recursos.

Tras tres años de intensas discusiones técnicas, estos sesenta y siete países que representan el 90% de los miembros la OMC han suscrito en Ginebra un texto final y se comprometen a iniciar un proceso de modificación y certificación de sus compromisos en virtud del artículo XVIII del Acuerdo General de Comercio de Servicios (GATS).

El documento final contiene tres secciones con referencias a la cobertura sectorial, la lista de compromisos que incluyen tramitación online de licencias y solicitudes, tasas a cobrar e independencia de las autoridades competentes. La tercera sección se dirige en particular al sector financiero.