El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto para garantizar la legalidad de las transacciones comerciales de las especies de flora y fauna protegidas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES) en territorio español mediante la sistematización de los mecanismos de prueba de la tenencia legal. 

El Real Decreto especifica los medios de prueba idóneos para acreditar la legalidad de las transacciones comerciales de especies CITES que se produzcan en territorio español y regula también las condiciones de marcado de los ejemplares sujetos a esta Convención.

La norma dotará de mayor seguridad jurídica a las transacciones comerciales en España, tanto para los propietarios y poseedores como para las autoridades encargadas del control y observancia. Además, supone una simplificación de trámites administrativos en la medida en que disminuyen las consultas para acreditar el origen legal de las especies en estas transacciones y facilita la resolución de los procedimientos administrativos sancionadores y judiciales.

La garantía de legalidad se consigue a través de dos instrumentos recogidos en la norma: por un lado, determina los documentos que acreditan la legalidad de las transacciones comerciales de especies CITES realizadas en España y el origen de los especímenes de las especies CITES procedentes de la cría en cautividad en territorio español; y por otro, establece la necesidad de marcado de determinados especímenes sujetos a esta Convención.

El cumplimiento de este Real Decreto no exime de otras obligaciones impuestas por normas o medidas sanitarias, medioambientales o de salud pública. Tampoco exime del cumplimiento de las previsiones de los Reglamentos UE, que son plenamente aplicables para las entradas de especímenes CITES en territorio español así como para su salida del mismo.

El régimen jurídico de protección de especies CITES se recoge en la Convención firmada en Washington el 3 de marzo de 1973, de la que España es parte desde 1986; y en dos reglamentos de la UE. El Real Decreto español complementa y desarrolla aspectos de control no definidos en los Reglamentos de la UE.