Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI)

Naturaleza y objetivo

Los APPRI son tratados bilaterales de naturaleza recíproca que contienen medidas y cláusulas destinadas a proteger, en el plano del derecho internacional, las inversiones realizadas por los inversores de cada Estado Parte en el territorio del otro Estado Parte.

Su objetivo es proporcionar un ambiente estable y favorable a la inversión que permita reducir los factores de incertidumbre política y jurídica que a veces afectan al desarrollo de los proyectos de inversión a los que se suele enfrentar la empresa en el exterior.

La noción de riesgo político es un elemento clave para el inversor, en particular en aquellos sectores que requieren la realización de importantes inversiones. Suscritos principalmente con países no OCDE, su objetivo es precisamente minimizar los riesgos políticos y proporcionar una mayor seguridad jurídica al inversor mediante el reconocimiento, por los dos países signatarios, de determinadas obligaciones y garantías a las inversiones efectuadas en ambos sentidos. La cobertura de protección otorgada por los APPRI se aplica a la fase del post-establecimiento de la inversión, una vez que la misma se ha realizado de conformidad con la legislación del país receptor.

Los APPRI constituyen, junto con otras medidas de índole financiero y fiscal, un instrumento básico de la acción institucional de la Secretaría de Estado de Comercio en el contexto de los planes de apoyo a la internacionalización de la empresa española.

Contenido

Definidos el ámbito de aplicación material (definición de inversión) y personal (definición de inversor), se recogen los estándares obligatorios de tratamiento y protección que ambos Estados deberán cumplir respecto a las inversiones realizadas en su territorio por los inversores del otro Estado. Las disposiciones y cláusulas habitualmente contenidas en un APPRI son:

tratamiento justo y equitativo de conformidad con el derecho internacional
plena protección y seguridad y prohibición de medidas injustificadas y discriminatorias
no discriminación: tratamiento nacional (TN) y de nación más favorecida (NMF). En términos generales, con la excepción de los privilegios concedidos a terceros a través de procesos de integración económica regional, de los convenios para evitar la doble imposición y de la legislación fiscal interna, la inversión española recibirá un trato no menos favorable que la del inversor local o que la de los inversores de un tercer país
las medidas de expropiación, nacionalización u otras, cuyos efectos sean similares a la expropiación, sólo podrán adoptarse de manera no discriminatoria, por razones de interés público y mediante el pago de una indemnización pronta, adecuada y efectiva

TN y NMF respecto a cualesquiera compensaciones por pérdidas en la inversión debidas a guerra, revolución o conflictos similares

derecho a la libre transferencia del capital, beneficios y de otros pagos relacionados con la inversión
cumplimiento de obligaciones contractuales contraídas con el inversor por el Estado receptor de la inversión
mecanismos para resolver, mediante arbitraje internacional, las posibles controversias que pudieran surgir:
- entre los dos Estados Parte en un APPRI sobre la interpretación o aplicación del Acuerdo y
- entre el inversor y el Estado receptor de la inversión respecto al incumplimiento por parte de este último de las obligaciones contenidas en el Acuerdo. Dos suelen ser las opciones de arbitraje internacional ofrecidas al inversor:
  - la ad hoc, de conformidad con las Reglas de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), y
  - la institucional, siendo dos, asimismo, las posibles modalidades arbitrales incluidas en la mayoría de los acuerdos, la Cámara de Comercio Internacional de París (CCI) y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones con sede en Washington (CIADI).

Duración y terminación

En los APPRI firmados por España, la formula comúnmente utilizada es prever que, después del intercambio de notificaciones entre ambos Estados comunicándose la ratificación del Acuerdo, éste entre en vigor y se mantenga vigente por un período inicial de diez años, generalmente renovable por períodos consecutivos de dos años a menos que sea denunciado por cualquiera de los dos Estados con un preaviso de seis meses antes de la fecha de expiración del período de validez en curso.

Algunos APPRI se apartan de la formula de renovación antes mencionada y disponen que, transcurrido el periodo inicial de validez, el Acuerdo continuará en vigor indefinidamente a menos que se denuncie con un preaviso de seis meses.

Adicionalmente, todos los APPRI contienen una “cláusula de remanencia” por la que, durante los diez años posteriores a la denuncia del Acuerdo, sus disposiciones continuarán aplicándose a las inversiones que se hayan efectuado antes de la denuncia.