El marco jurídico básico de las relaciones comerciales entre la UE y México se recoge en el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación [PDF] (Acuerdo Global), el cual entró en vigor en octubre de 2000. Este incluía un acuerdo de libre comercio que liberalizaba parcialmente el comercio de mercancías y el comercio de servicios.

Con el objetivo de ampliar los beneficios derivados de su asociación, la UE y México comenzaron, en junio de 2013, un proceso orientado a la modernización del Acuerdo Global que culminó, el 21 de abril de 2018, con un acuerdo de principio, complementado en 2020 con las negociaciones de algunas cuestiones pendientes relativas al acceso al mercado mexicano de contratación pública.

No obstante, el cierre político de este acuerdo de principio no fue posible hasta el 17 de enero de 2025, debido a la necesidad de modificar ciertos elementos del acuerdo, tras la reforma del sector de la energía en México.

La Comisión Europea ha publicado los textos y anexos del Acuerdo, así como unas fichas y guías sobre el mismo, y un documento de Preguntas y respuestas.

Con el nuevo Acuerdo, el 99% de los productos intercambiados entre la UE y México estarán libres de arancel. Tanto los sectores agrícolas como industriales se beneficiarán de una reducción de aranceles y de una mayor facilitación de los trámites aduaneros. Se han conseguido resultados positivos en reglas de origen y reconocimiento normativo en automoción, sector clave de la economía mexicana y española, de acuerdo con los parámetros propuestos por la UE. Asimismo, ha habido un resultado notable en servicios, especialmente en servicios financieros, postales, telecomunicaciones, transportes, o medioambientales, entre otros. En materia de protección de inversiones, México ha adoptado el enfoque europeo, aceptando el Investment Court System (ICS) de la UE. Respecto al Comercio y Desarrollo Sostenible, el nuevo acuerdo establece compromisos vinculantes sobre protección del medioambiente, lucha contra el cambio climático o respeto de los derechos laborales. Además, incluye cláusulas para combatir la corrupción en los sectores público y privado.

Una vez concluida la negociación, se ha comenzado la revisión legal y traducción de los nuevos textos acordados. La aprobación y cierre en la UE dependerá del tipo de arquitectura jurídica que presente la Comisión.

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