Comunidad Andina

Las relaciones comerciales entre la UE y la Comunidad Andina (CAN), creada en 1969 y formada en la actualidad, por Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú, se regían por el Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG), que permite el acceso preferencial al mercado comunitario para los productos procedentes de Países en Desarrollo. La UE y la CAN iniciaron las negociaciones para un Acuerdo de Asociación UE-CAN, en 2007. Sin embargo, el proceso negociador tuvo que ser suspendido en julio de 2008, ante la imposibilidad de fijar una posición común por parte de la CAN. En 2009, se planteó un nuevo enfoque negociador mediante el cual se admitió que los países andinos que lo desearan podrían negociar, de forma independiente, la parte comercial del Acuerdo de Asociación.

De esta manera, la UE, Colombia y Perú concluyeron las negociaciones del Acuerdo Comercial entre la UE y Colombia y Perú [PDF] [15.05 MB], en 2010, durante la presidencia española de la UE. El acuerdo se viene aplicando, provisionalmente, desde el 1 de marzo de 2013, para Perú, y el 1 de agosto de 2013, para Colombia. La entrada en vigor definitiva requiere la ratificación de los Parlamentos nacionales de todos los Estados miembros de la UE. Por su parte, el Protocolo de Adhesión de Ecuador al Acuerdo Comercial entre la UE y Colombia y Perú [PDF] [9,75 MB] fue firmado en 2016, entrando en vigor, provisionalmente, el 1 de enero de 2017, a la espera de la ratificación de los Parlamentos nacionales de todos los Estados Miembros de la UE.

Este acuerdo comercial ha representado una importante mejora de acceso para los productos comunitarios que, hasta la entrada en vigor de estos acuerdos, no disfrutaban de trato preferencial alguno. A su vez, ha permitido a Colombia, Perú y Ecuador mantener las preferencias que la UE les otorgaba, en base al Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG).

El acuerdo alcanzado con Colombia y Perú implicó una liberalización total de productos industriales y de la pesca. La UE obtuvo la liberalización inmediata para el 80% y el 65% de sus exportaciones a Colombia y Perú respectivamente, quedando el resto de productos liberalizados en un plazo máximo de diez años. También contempla la apertura del mercado andino para algunos de los principales productos agrícolas comunitarios como lácteos, carne de cerdo, vinos y bebidas espirituosas o aceite de oliva y se logró un elevado grado de protección para las indicaciones geográficas comunitarias.

Por su parte, Colombia y Perú obtuvieron el acceso libre a la UE para sus productos industriales desde la entrada en vigor del Acuerdo. Además, ambos países obtuvieron concesiones en productos agroalimentarios, como el azúcar, arroz, vacuno o plátano.

La adhesión de Ecuador al Acuerdo en 2017 ha garantizado la continuidad de los beneficios arancelarios (SPG+) para los principales productos de exportación ecuatorianos y también ha proporcionado a Ecuador un mejor acceso de sus principales exportaciones a la UE (pesca, plátanos, frutas, flores, café y cacao), así como la oportuna diversificación de las exportaciones ecuatorianas.

Más allá de los efectos positivos derivados del ahorro arancelario, el Acuerdo ha supuesto un estímulo al comercio y a la inversión, al incluir, además de disposiciones sobre acceso a mercado para el comercio de bienes, un elevado grado de protección para las indicaciones geográficas, compromisos en contratación pública, o disposiciones referentes a servicios e inversiones, para las que se garantiza un entorno seguro, transparente, no discriminatorio y predecible. Además, el Acuerdo incluye un capítulo de desarrollo sostenible, con el que se ha conseguido un resultado igual o mejor al previamente existente en el marco del SPG+ en lo referente a los compromisos de Colombia, Perú y Ecuador en materia laboral y medioambiental.

Las Partes se reúnen anualmente para debatir cuestiones de aplicación en el Comité de Comercio y en los ocho subcomités especializados establecidos por el Acuerdo.

En enero de 2022, se ha publicado el informe final de evaluación ex post del Acuerdo, donde se han analizado las repercusiones económicas, sociales, de Derechos Humanos (incluidos los derechos laborales) y medioambientales. El estudio concluye que el Acuerdo ha sido moderadamente efectivo en cuanto a la consecución de los objetivos. La liberalización arancelaria ha dado lugar a un mayor comercio de bienes, pero limitado, debido al acceso preferencial al mercado de la UE que ya tenían los países socios andinos en el marco del SPG+. Los avances en la apertura del comercio de servicios e inversiones, así como en la contratación pública, han sido limitados. Se ha aumentado la protección de las Indicaciones Geográficas, pero queda margen de mejora. Las disposiciones de Desarrollo Sostenible han evitado el empeoramiento de ciertas situaciones, pero es difícil identificar acciones o cambios concretos que puedan atribuirse al Acuerdo como el principal factor de influencia. En términos económicos, el acuerdo ha provocado un aumento discreto del PIB en todas para todas las partes del Acuerdo y a nivel mundial. Principalmente han sido beneficiados los sectores en los que cada una de las Partes tienen ventajas comparativas (agricultura y alguna industria ligera, en el caso de los países andinos; maquinaria y sector automotriz, en el caso de la UE).

En el siguiente link, puede encontrar un resumen ejecutivo del informe final de la evaluación ex post [PDF] [198.63 kB].

Colombia, Perú y Bolivia son miembros de la OMC desde 1995. Ecuador es miembro desde 1996.