Las negociaciones en la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre comercio electrónico han culminado hoy con la publicación del texto final del ‘Acuerdo sobre Comercio Electrónico de la OMC’, que ha sido debatido y negociado durante más de 5 años por 91 miembros de la OMC, que representan el 90% del comercio mundial.

Este Acuerdo, histórico y de importancia sistémica para la OMC, incluye 15 reglas sobre comercio digital basadas en la no discriminación, y centradas en la facilitación y apertura del comercio electrónico, la confianza del consumidor en el comercio electrónico y en las telecomunicaciones, y el refuerzo de la protección de los consumidores on line.

Estas reglas buscan armonizar los marcos jurídicos, facilitar las transacciones electrónicas, y garantizar un entorno seguro y confiable para el comercio digital global.

Beneficios para el comercio electrónico en España

Con este acuerdo, España se posiciona para fortalecer su economía digital y ampliar su participación en el comercio electrónico mundial, beneficiando tanto a las empresas como a los consumidores españoles.

Para España, este acuerdo es relevante dado que recoge la no imposición de aranceles a las transmisiones electrónicas, protegiendo a las micropymes que son vitales para la economía española, y a los consumidores por el coste añadido que supondría esta medida. También garantiza el desarrollo de la economía digital española facilitando las transacciones electrónicas transfronterizas y la reducción de los trámites burocráticos.

El Acuerdo prevé un amplio margen para regular la protección de los datos personales y la intimidad, y facilita el acceso a datos públicos, estimulando así el desarrollo económico y social, y favoreciendo el comercio transfronterizo de servicios, especialmente de las exportaciones digitales.

Además, este Acuerdo beneficia la inversión española en sectores clave como el de las telecomunicaciones, al asegurar regulaciones adecuadas y competitivas en terceros países.

Importancia del Acuerdo

Hasta la fecha, no existían normas previas sobre comercio electrónico en el marco de la Organización Mundial del Comercio, por lo que a partir de ahora marca las pautas que debe seguir.

Además, tiene un amplio alcance, excluyendo únicamente ciertos sectores como la contratación pública y servicios prestados en el ejercicio del poder público. Mantiene la moratoria sobre aranceles a las transmisiones electrónicas y asegura prácticas comerciales digitales equitativas.

Asimismo, fomenta la inclusividad y el desarrollo, proporcionando flexibilidad y asistencia técnica a los países menos desarrollados.

Facilita las transacciones electrónicas transfronterizas, reduce las barreras al comercio digital y fomenta la innovación en el comercio electrónico.